Ley de capacidad mental

Véanse los artículos separados Consentimiento para el tratamiento (legislación sobre capacidad mental y salud mental ) , Consentimiento para el tratamiento en menores (legislación sobre capacidad mental y salud mental) y Hospitalización obligatoria.

¿Qué es la Ley de Capacidad Mental?¹

La Ley de Capacidad Mental (2005) establece un marco legal para facultar y proteger a las personas vulnerables que no pueden tomar sus propias decisiones. Deja claro quién puede tomar decisiones, en qué situaciones y cómo debe hacerlo. La Ley de Capacidad Mental permite a las personas planificar con antelación el momento en que pueden perder su capacidad. La Ley sustituye los anteriores regímenes legales de Poderes Notariales Duraderos y Receptores del Tribunal de Protección por regímenes reformados y actualizados. La Ley de Capacidad Mental se aplica a los mayores de 16 años.

Una revisión de las experiencias de adultos sin capacidad y de sus cuidadores reveló que² :

• La legislación preveía mecanismos de toma de decisiones que se consideraban útiles, pero hubo experiencias negativas.

• La toma de decisiones no siempre parece seguir los principios legislativos.

• El conocimiento de la legislación era limitado.

Principios de la Ley de Capacidad Mental^{3 4}

La Ley de Capacidad Mental se basa en cinco principios fundamentales:

• Presunción de capacidad: todo adulto tiene derecho a tomar sus propias decisiones y debe suponerse que tiene capacidad para hacerlo, salvo que se demuestre lo contrario.

• El derecho de las personas a recibir apoyo para tomar sus propias decisiones: las personas deben recibir toda la ayuda adecuada antes de que nadie llegue a la conclusión de que no pueden tomar sus propias decisiones.

• Que los individuos deben conservar el derecho a tomar decisiones que puedan considerarse excéntricas o imprudentes.

• Interés superior: todo lo que se haga por o en nombre de personas sin capacidad debe ser en su interés superior.

• Intervención menos restrictiva: todo lo que se haga por o en nombre de personas sin capacidad debe ser lo menos restrictivo posible para sus derechos y libertades fundamentales.

La evaluación de la capacidad mental es específica para cada decisión individual en un momento determinado. Se considera que una persona carece de capacidad si tiene una deficiencia que le impide tomar una decisión concreta. La persona debe ser capaz de comprender, retener y sopesar la información facilitada y comunicar su decisión.

Deben nombrarse defensores independientes de la capacidad mental para representar a las personas que carecen de capacidad y se enfrentan a decisiones graves sin nadie que les defienda. Las posibles causas de incapacidad son muy variadas e incluyen la demencia, la confusión aguda, la depresión, la enfermedad psicótica, la angustia o los trastornos emocionales. Ningún diagnóstico específico debe suponer incapacidad.

Objetivos de la Ley³

La Ley de Capacidad Mental se ocupa de la evaluación de la capacidad de una persona y de los actos de los cuidadores de quienes carecen de capacidad.

Evaluar la falta de capacidad

• La Ley de Capacidad Mental establece una única prueba clara para evaluar si una persona carece de capacidad para tomar una decisión concreta en un momento determinado.

• Se trata de una prueba "específica para cada decisión". Nadie puede ser calificado de "incapaz" como consecuencia de una enfermedad o diagnóstico concreto.

• La falta de capacidad no puede establecerse simplemente por referencia a la edad, la apariencia o cualquier condición o aspecto del comportamiento de una persona que pueda llevar a otros a hacer suposiciones injustificadas sobre su capacidad.

• Comprobar si la persona tiene capacidad:
  

  • ¿Tiene la persona una deficiencia mental o cerebral, o una alteración de las funciones mentales?

  • En caso afirmativo, ¿significa esa deficiencia o alteración que la persona es incapaz de tomar la decisión en cuestión en el momento en que debe hacerlo?

• Para tener capacidad para tomar una decisión, alguien debe poder hacerlo:
  

  • Comprender la información relevante para la decisión.

  • Conserva la información.

  • Utiliza esa información como parte del proceso de toma de decisiones.

  • Comunicar su decisión hablando, firmando o por cualquier otro medio.
    

Interés superior

• Todo lo que se haga por o en nombre de una persona que carece de capacidad debe responder al interés superior de esa persona.

• La Ley de Capacidad Mental establece una lista de factores que los responsables deben tener en cuenta para decidir qué es lo mejor para una persona.

• Si lo desea, una persona puede plasmar sus deseos y sentimientos en una declaración escrita, que la persona que toma la decisión debe tener en cuenta.

• Los cuidadores y familiares tienen derecho a ser consultados.

• Todas las decisiones deben tomarse en el mejor interés de esa persona:
  

  • Implicar a la persona que carece de capacidad.

  • Sea consciente de los deseos y sentimientos de la persona.

  • Consultar con otras personas implicadas en el cuidado de la persona.

  • No hagas suposiciones basadas únicamente en la edad, el aspecto, el estado o el comportamiento de la persona.

  • Considere si es probable que la persona recupere la capacidad de tomar la decisión en el futuro.

Actos relacionados con la asistencia o el tratamiento

• La sección 5 de la Ley de Capacidad Mental aclara que cuando una persona proporciona cuidados o tratamiento a alguien que carece de capacidad, puede hacerlo sin incurrir en responsabilidad legal. La clave será una evaluación adecuada de la capacidad y el interés superior.

• Cubre acciones que, de otro modo, darían lugar a un ilícito civil o a un delito si alguien tiene que interferir en el cuerpo o los bienes de la persona en el curso ordinario de los cuidados. Por ejemplo, administrando una inyección o utilizando el dinero de la persona para comprarle artículos.

• El proyecto de ley introduce un nuevo delito de malos tratos o abandono de una persona que carece de capacidad. Una persona declarada culpable de tal delito podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta cinco años.

Retención o privación de libertad

• El artículo 6 de la Ley de Capacidad Mental define la restricción como el uso o la amenaza del uso de la fuerza cuando una persona incapacitada se resiste, y cualquier restricción de la libertad o del movimiento tanto si la persona se resiste como si no.

• La contención sólo está permitida si la persona que la utiliza cree razonablemente que es necesaria para evitar daños a la persona incapacitada, y si la contención utilizada es proporcionada a la probabilidad y gravedad del daño.

• El artículo 6(5) deja claro que un acto que prive a una persona de su libertad no puede ser un acto al que el artículo 5 proporcione protección alguna.

Planificación anticipada de la atención sanitaria

Véase también el artículo sobre planificación anticipada de la atención sanitaria.

• La Ley de Capacidad Mental introdujo la planificación anticipada de la asistencia, que otorga a una persona el derecho a tomar decisiones sobre su tratamiento sanitario en el futuro, para cuando ya no tenga capacidad para tomarlas por sí misma.

• La planificación anticipada de cuidados sustituye a las "voluntades anticipadas", que se hacían antes de la Ley de Capacidad Mental. Las voluntades anticipadas pueden seguir siendo válidas y aplicables en virtud de la Ley de Capacidad Mental, pero ahora no se pueden hacer nuevas voluntades anticipadas.

• La planificación anticipada de cuidados sólo pueden hacerla las personas mayores de 18 años y que se considere que tienen capacidad mental.

• En el marco de la planificación anticipada de cuidados, se puede rechazar cualquier tratamiento, salvo las acciones necesarias para mantener a una persona cómoda -por ejemplo, calor, cobijo y ofrecerle comida o agua por la boca-.

• Los deseos de someterse a determinados tratamientos pueden expresarse por adelantado y deben tenerse en cuenta; sin embargo, no tienen por qué cumplirse.

• Un plan de atención anticipada tiene el mismo peso que las decisiones tomadas por una persona con capacidad y debe respetarse. Por tanto, no se aplica el interés superior.

• Los planes de atención anticipada pueden ser verbales, excepto los relativos a tratamientos de soporte vital, que deben ser escritos y firmados por el paciente y un testigo, e incluir una declaración de que la decisión se aplicará aunque la vida corra peligro.

• El plan de atención anticipada pierde su validez si la decisión se retira o modifica cuando la persona aún tenía capacidad (o incluso si ha habido alguna acción que sugiera que ha cambiado de opinión después de tomar la decisión anticipada), o si existen "poderes duraderos" con facultades para tomar la misma decisión después de que se tomara la decisión anticipada.

• El plan de cuidados anticipados debe aplicarse a la circunstancia concreta de que se trate.

• Ir en contra de un plan de atención anticipada válido y aplicable puede dar lugar a reclamaciones por lesiones o cargos penales por agresión.

Poderes de última voluntad

• La Ley de Capacidad Mental permite a una persona nombrar a un abogado para que actúe en su nombre en caso de que pierda la capacidad en el futuro.

• La Ley permite a las personas dejar que un abogado tome decisiones financieras, patrimoniales, sanitarias y de bienestar.

• El abogado designado debe ser mayor de 18 años.

• Los poderes notariales duraderos sólo entran en vigor una vez que la persona ha perdido la capacidad y los poderes notariales duraderos deben registrarse en la Oficina del Tutor Público.⁵ .

• La persona que hace los poderes duraderos debe tener capacidad cuando firma un documento escrito que confirma las facultades y limitaciones de los poderes.

Defensor Independiente de la Capacidad Mental (IMCA)

• Un IMCA es alguien designado para apoyar a una persona que carece de capacidad pero no tiene a nadie que hable en su nombre. El IMCA representa los deseos, sentimientos, creencias y valores de la persona, al tiempo que pone en conocimiento del responsable de la toma de decisiones todos los factores relevantes para la decisión. En caso necesario, el IMCA puede recusar al responsable de la toma de decisiones en nombre de la persona que carece de capacidad.

• Debe intervenir un IMCA en las siguientes situaciones y cuando la persona carezca de capacidad y no tenga ningún familiar, amigo o cuidador no remunerado:
  

  • Un organismo del NHS propone:
    

    • Tratamiento médico grave.

    • Estancia de más de 28 días en el hospital u ocho semanas en una residencia.

    • Cambio de alojamiento de una persona a otro hospital durante más de 28 días o más de ocho semanas en una residencia.

  • Una autoridad local propone:
    

    • Cambiar o proporcionar alojamiento residencial o con apoyo durante más de ocho semanas.

• Un IMCA también puede participar en:
  

  • Revisiones de alojamiento cuando existen dudas sobre la idoneidad del alojamiento, cuando la autoridad local o el NHS han organizado el alojamiento original, la persona carece de capacidad y no hay otra persona adecuada a la que consultar.

  • Casos de protección de adultos en los que se están aplicando medidas de protección en relación con la protección de un adulto vulnerable frente a abusos, y en los que la persona carece de capacidad.

  • Cuando la persona que carece de capacidad abusa de otra persona.

• No es necesaria la participación de un IMCA:
  

  • Si es necesario dispensar algún tratamiento con carácter de urgencia.

  • Si la persona sin capacidad se quedara sin hogar, a menos que fuera ingresada en una residencia.

  • En revisiones de alojamiento o casos de protección de adultos en los que ya existe un apoyo familiar adecuado o en los que interviene actualmente un abogado.

Parámetros para la investigación

• La investigación con o en relación con una persona incapaz puede llevarse a cabo legalmente si un "organismo apropiado" (normalmente un Comité de Ética de la Investigación) está de acuerdo en que la investigación es segura, está relacionada con la condición de la persona y no puede realizarse con la misma eficacia utilizando personas con capacidad mental. La investigación debe producir un beneficio para la persona que compense cualquier riesgo o carga.

• Por otra parte, si es para obtener nuevos conocimientos científicos, debe suponer un riesgo mínimo para la persona y llevarse a cabo con una intrusión o interferencia mínima en sus derechos.

• Los cuidadores o terceras personas designadas deben ser consultados y estar de acuerdo en que la persona desea participar en un proyecto de investigación aprobado. Si la persona muestra algún signo de resistencia o indica de algún modo que no desea participar, debe ser retirada inmediatamente del proyecto.

• Las normas transitorias cubrirán las investigaciones iniciadas antes de la Ley en las que la persona originalmente tenía capacidad para dar su consentimiento pero posteriormente perdió la capacidad antes de finalizar el proyecto.

Diputados designados por el tribunal

• La Ley de Capacidad Mental establece un sistema de delegados designados por el tribunal para sustituir al anterior sistema de administración judicial en el Tribunal de Protección.

• Los suplentes podrán tomar decisiones sobre asuntos de bienestar, asistencia sanitaria y financieros, según autorice el Tribunal, pero no podrán negar el consentimiento a un tratamiento para mantener la vida. Sólo serán nombrados si el Tribunal no puede tomar una decisión única para resolver los problemas.

• La Ley crea dos nuevos organismos públicos para apoyar el marco legal, ambos diseñados en torno a las necesidades de las personas que carecen de capacidad.

Tribunal de Protección

• El Tribunal tiene jurisdicción sobre toda la Ley y es el árbitro final en asuntos de capacidad. Tiene sus propios procedimientos y jueces designados.

• El Tutor Público y su personal supervisan a los abogados delegados nombrados por el Tribunal y proporcionan información para ayudar al Tribunal a tomar decisiones. También colaboran con otros organismos, como la policía y los servicios sociales, para responder a cualquier inquietud que surja sobre el modo en que actúa un abogado o un sustituto.

• Un Consejo de Tutores Públicos examina y revisa el modo en que el Tutor Público desempeña sus funciones. El tutor público debe elaborar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones.

Garantías de la privación de libertad^{6 7}

• El objetivo de las salvaguardias de privación de libertad es proporcionar protección jurídica a los adultos vulnerables que no están detenidos en virtud de la Ley de Salud Mental de 1983 modificada, pero que ven restringida su libertad debido a su incapacidad para consentir cuidados o aceptar tratamiento.

• Las salvaguardias de privación de libertad (una enmienda de la Ley de Capacidad Mental de 2005) entraron en vigor el 1 de abril de 2009 y cubren a los adultos mentalmente incapacitados en hospitales, así como a los que se encuentran en residencias registradas en virtud de la Ley de Normas de Atención 2000.

• Las salvaguardias se aplican a cualquier persona mayor de 18 años:
  

  • Que padezca un trastorno mental o una discapacidad de la mente - por ejemplo, demencia o una discapacidad profunda del aprendizaje.

  • Que carezca de capacidad para dar su consentimiento informado a las disposiciones adoptadas para su cuidado y/o tratamiento; y

  • Para quienes, tras una evaluación independiente, se considera que la privación de libertad es necesaria en su interés superior para protegerlos de cualquier daño.

• Siempre que un hospital o centro de asistencia identifique que una persona que carece de capacidad está siendo privada de libertad, o corre el riesgo de serlo, debe solicitar a un "organismo supervisor" que autorice la privación de libertad:
  

  • Cuando una persona está en una residencia, el organismo supervisor será la Autoridad Local competente.

  • Cuando la persona esté ingresada en un hospital, será el grupo clínico competente (Clinical Commissioning Group, CCG).

• La Ley de Capacidad Mental de 2005 no permite que se prive a alguien de su libertad sin dicha autorización (a menos que sea consecuencia de una decisión del Tribunal de Protección sobre una cuestión de bienestar personal).

• Los médicos pueden realizar una evaluación de salud mental en el marco de estos procedimientos, siempre que tengan tres años de antigüedad en el registro y hayan realizado el programa de formación para asesores de salud mental sobre salvaguardias de privación de libertad que ofrece el Real Colegio de Psiquiatras.

• Este trabajo no forma parte de los servicios esenciales para los médicos de cabecera, y el Comité de Honorarios Profesionales de la Asociación Médica Británica (BMA) aconseja a los médicos que realicen este trabajo sólo si han acordado de antemano el nivel y las modalidades de pago del mismo.

• La responsabilidad del pago recae en la CCG o en la Autoridad Local de Servicios Sociales (LSSA) en función de si la persona se encuentra en el hospital o en una Residencia Registrada en el momento de la evaluación.